Eduardo Pucci es director de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros en el Atlántico Sur (OPRAS).
Pregunta (P): ¿De qué se trata OPRAS?
Respuesta (R): Es una asociación civil para la protección de los recursos del atlántico sur, fundamentalmente constituida por empresarios, productores y exportadores del sector, como una asociación civil sin fines de lucro y con un objetivo muy claro que es el tratamiento de la problemática geopolítica de altamar; es decir, la conservación y la administración de los recursos que están más allá de la jurisdicción nacional. OPRAS no tiene injerencia ni intervención en lo que hace a las cuestiones domésticas de la pesca o a las cuestiones de la jurisdicción nacional, que está regulada en todo sentido, sino que está abocada al tratamiento y a lograr soluciones a nivel internacional para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada que se ejerce de forma abusiva en el Atlántico Sur hace más de tres décadas.
Esta situación nos ha llevado a conformar una institución nueva que no tiene colisión con temas internos, sino que busca soluciones y herramientas conforme el derecho internacional para encontrar un ordenamiento sostenible y reglas básicas de administración pesquera en todos los recursos del Atlántico Sur en un ecosistema que lamentablemente, o afortunadamente, dadas nuestras características en la plataforma continental, tenemos una cantidad de recursos que migran entre una zona y otra y que son objeto de una pesca indiscriminada por parte de flotas extranjeras fuera de la jurisdicción nacional, fuera de las 200 millas, y hasta allí la autoridad argentina no llega.
(P): ¿OPRAS trata de buscar una gestión con socios internacionales para poder trabajar en el ordenamiento desde el punto de vista sostenible y sustentable?
(R): El tema es que no estamos solos en esta discusión. Esta discusión se viene manteniendo desde 1982, cuando se aprobó la convención del derecho del mar de las Naciones Unidas, pasando por 1995 que se aprobó el acuerdo de Nueva York sobre fish stock, lo que se llama normalmente “acuerdo de peces”, que la Argentina después no ratificó por ley por cuestiones vinculadas a temas geopolíticos del Atlántico Sur, pero el tema de los recursos migratorios más allá de las 200 millas está tratado ya en la convención de los derechos del mar, en el artículo 63 párrafo segundo, está tratado en el acuerdo de Nueva York, está en tratamiento continuo a nivel internacional tanto en la Unión Europea como en la Conferencia de las Naciones Unidas y en la asamblea general que en este momento está tratando un acuerdo vinculante para el sostenimiento de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos más allá de la jurisdicciones nacionales que termina a mediados del 2020 su cuarta reunión.
Si bien en este caso se refiere a antecedentes genéticos, es un antecedente para tratar temas que como nosotros (tanto como ha dicho la Unión Europea o la FAO) se preocupan por la sostenibilidad a largo plazo de los recursos en altamar donde la libertad no es tal, no es plena, sino que es una libertad sujeta a las condiciones que establece la propia convención, entre las cuales figuran claramente los deberes y derechos de los estados ribereños.
Nuestra propia ley federal de pesca, en su artículo 22, dispone que la autoridad de aplicación y el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá organizar y mantener un régimen de administración y conservación de los recursos del Atlántico Sur con los países que pescan en altamar. Artículo que hoy no hemos visto aplicado pese a estar en una ley en vigencia. Está sometido a otras argumentaciones que se suponen que tienen mayor entidad que la conservación de los recursos.
(P): ¿Cuál es la importancia de la industria pesquera desde el punto de vista económico y social?
(R): Desde el punto de vista económico sería fácil de definir porque estaríamos hablando de cifras, estadísticas, que cualquiera podría recoger en cualquier medio. Nosotros estamos hablando de un sector que se encuentra presente en todas las provincias del litoral marítimo argentino, con una gran inserción en las ciudades del litoral, con un efecto multiplicador importantísimo en ciudades que no tienen otras actividades. Estamos hablando de un sector que exporta 2100 millones de dólares por año, un sector que tiene una captura estimada de 800 mil toneladas y que podría llegar a un poco más con algunas medidas. Un sector que ocupa alrededor de 100 mil personas en forma directa e indirecta. Pero más allá de la cantidad de empleo que genera el sector, es la influencia que tiene en determinadas provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, en cuanto a la generación de efectos económicos indirectos: comercios, servicios, puertos, etc.
Es una actividad que la gente por razones que hacen a la estructura cultural argentina no conoce su magnitud o su presencia, cuando el armador pesquero es aparte el real protagonista, o el único, de la soberanía en el mar, esa soberanía argentina que tanto se reclama en el Atlántico Sur. Obviamente, la Prefectura y la Armada cumplen su función de patrullaje y regulan la soberanía, pero el que está continuamente haciendo presencia en el Atlántico Sur es el armador pesquero.
El sector pesquero está en todas las provincias desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego en una forma continua. Por eso yo destaco el protagonismo activo, continuo, de los buques pesqueros de la flota que cumplen a su vez con todas las regulaciones que aplica el Estado. Hay poca conciencia en la comunidad de hasta dónde está regulada la pesca y la actividad de los buques pesqueros a nivel interno. Está absolutamente regulada. Justamente, el problema que tiene es que más allá de la milla 200 no hay nada, entonces todo lo que se hace acá puede estar siendo totalmente socavado por lo que ocurre afuera. La FAO estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada son aproximadamente 23 mil millones de dólares por año, yo me arriesgaría a decirte que entre 2 mil y 3 mil millones de dólares salen del Atlántico Sur occidental. Tanto desde el sur de Brasil hasta el sur argentino. Obviamente, el principal afectado es Argentina porque es la plataforma más extensa y porque es la que tiene la biomasa de recursos más buscada por la flota de larga distancia, pero el efecto económico y social de eso es un proceso que se está viendo con el pasar del tiempo y que obviamente se va a ir agravando a medida que no se puedan encontrar soluciones a nivel internacional.
Esto no pasa por herramientas que dependan estrictamente de la Argentina. Tratándose de sujetos de derecho internacional, la Argentina tiene que buscar la forma de negociar y encontrar soluciones con los países que pescan afuera para tener un marco de gobernanza efectivo y sostenible a largo plazo, sino esto va a terminar afectando no sólo los recursos asociados, interdependientes, sino los recursos que están dentro, y muchas empresas hoy quizás no lo ven con tanta claridad porque suponen que no va a llegar hasta dentro. Pero, de cualquier manera, el enfoque ecosistémico y la interdependencia de los recursos va más allá de la voluntad individual de los empresarios, todo lo que se haga sobre una especie en forma abusiva, va a terminar afectando al ecosistema y a todas las especies.
(P): La modificación de la temperatura de los océanos va a generar también una modificación en la presencia de los cardúmenes que están disponibles en el mundo y eso va a tener repercusión en el aparato logístico, afectando al mercado. ¿Funciona como una especie de “efecto dominó” donde se cae una ficha y caen todas?
(R): Tiene una consecuencia social directa. En el mundo hay aproximadamente 3 mil millones de personas que dependen de las proteínas que tienen origen en los recursos marinos y 200 millones de personas trabajan en la pesca en el mundo. Estos son los números que maneja la FAO. Obviamente, la demanda va a seguir aumentando, como continúa el aumento de la población, y la brecha entre la generación de proteínas y las necesidades humanas va a seguir el mismo camino. Quizás la acuicultura pueda cubrir, y de hecho, está cubriendo, una parte de esto, pero evidentemente en el océano hay un límite y está claro que el límite cada vez es más notable porque el cambio climático está arrojando nuevos riesgos sobre este tema.
Es básico entender que la milla 200 no existe, no es un límite formal donde uno pueda detenerse y mirarlo. Los recursos pesqueros son todos migratorios, se mueven, por eso la pesca es una industria de un uso intensivo de capital, de riesgo y de mano de obra, porque no es un recurso estático que uno pueda planificar, uno tiene que ir a buscarlo, varía en función de las corrientes, del clima, etc. Obviamente que cualquier cambio notable en la temperatura del agua va a llevar a que las especies busquen nuevos hábitats, aguas más profundas o más frías, dependiendo de la especie… Pero los cambios se van a ir sucediendo de forma progresiva. Esto lleva a que, tanto a nivel internacional como a nivel local, desde el nivel público hasta el privado tengan que ajustar sus previsiones y estrategias en relación al cambio que pueda sobrevenir.
Redacción: Pesca Con Ciencia