Como año tras año, también 2019 convoco a cientos de buques extranjeros a las aguas del Atlántico Sudoccidental, ansiosos por volcarse a una auténtica expoliación de los recursos pesqueros a través de la faena irracional e insostenible del calamar y otras especies asociadas y dependientes. Lo hacen sin freno alguno, amparados en la inexistencia de regulaciones aplicables a esas aguas de alta mar, sin observar ciclos biológicos, temporadas, tamaños, artes de pesca, etc., en tanto es el único espacio marítimo del mundo que carece de un régimen que asegure el uso apropiado de los recursos, así como de organizaciones competentes para regular la actividad en aguas internacionales y desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca IUU) a través de un manejo sustentable de los mismos.
La milla 201 o alta mar, allí donde los límites jurisdiccionales son líneas imaginarias que los recursos vivos, obviamente desconocen y trascienden, en su natural movilidad, no es el paisaje desolado que gran parte de nuestra sociedad podría suponer. Por el contrario, es un área con abundantes especies de alto valor comercial, densamente ocupada y convertida en un escenario de libre y fácil acceso para buques de banderas de China, de Corea, de España y otras de simple conveniencia, los que literalmente se amontonan en una pesca indiscriminada que violenta las medidas de ordenamiento vigentes en aguas de jurisdicción nacional y contraría las obligaciones convencionales emergentes de las normas y doctrina internacional.
La depredación se ha ido intensificando en los últimos 30 años, frente al aumento de la demanda mundial de proteínas, al orden establecido en otras áreas oceánicas (otrora objetivos de similar saqueo), al uso de importantes subsidios y a la inacción de la Argentina quien, en su carácter de principal y excluyente estado ribereño, lejos de reclamar y demandar por el cese de este irregular fenómeno ha preferido ligar, erróneamente, la presencia extranjera frente a nuestras costas a otras cuestiones de índole geopolítica. Cuestiones cuya resolución, muy poco probable en el mediano plazo, no altera la necesidad de diferenciar los problemas y atender aquellos de urgente atención, como lo es la conservación de nuestros recursos y la protección del desarrollo normal de la industria pesquera nacional. La inacción de nuestro propio país, se evidencia en la falta de reclamos y demandas oficiales ante los órganos multilaterales, así como en buscar herramientas y acuerdos de cooperación y regulación con otros países de la región, que permitan detener los enormes perjuicios que sufre toda la cadena trófica, las comunidades costeras, la industria pesquera nacional y, claro está, el propio país.
OPRAS – ONG creada para promover el cambio necesario de esta dura pero inobjetable realidad, surgió como consecuencia de la lentitud y el silencio oficial en la materia. Silencio que ha sido una constante de los últimos gobiernos, claramente desinteresados en modificar su estrategia en materia de derecho marítimo, así como en potenciar la presencia productiva argentina en esta parte del Atlántico. La creación y gestión de OPRAS, entonces, apunta a quebrar ese inmovilismo, a movilizar al sector privado para que llene este vacío de gestión, y alce la voz en todos los foros para buscar soluciones efectivas. En resumen, a transitar el camino seguido por otros países y encontrar caminos conducentes hacia un orden que impida el agotamiento de los recursos y el daño irreversible de nuestro ecosistema marino.
Desde su constitución como asociación sin fines de lucro, OPRAS no se ha limitado a impulsar acciones en los órganos oficiales locales. Meses atrás, presentó un diagnóstico del problema y una propuesta ante la Oficina de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar de las Naciones Unidas, apuntando a la creación de un Área de Pesca Regulada en el alta mar adyacente a la jurisdicción nacional. Es la única organización que ha requerido formalmente la atención de la ONU, y su propuesta, la primera en su tipo, contiene una petición concreta y un claro mensaje de alerta sobre la emergencia que fácilmente se comprueba en la zona, atendiendo a la oportunidad que ofrece el foro internacional de la Asamblea General, hoy abocada a la búsqueda de un nuevo instrumento vinculante para la conservación y uso responsable de la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales.
La situación, más allá, de la evolución del derecho internacional, requiere del protagonismo inmediato y forzoso del estado ribereño afectado, ya que su pasividad solo alienta la continuidad de aquella y permite que otros terceros interesados se adelanten en la adopción de medidas de ordenamiento y terminen por someter a nuestro país a un régimen así impuesto, convirtiéndolo en tardío invitado. Ya ha habido expresiones y opiniones públicas, en ese sentido, vertidas en la última reunión del Comité de Pesca de la FAO (COFI).
Por cierto, la situación dispara muchas reflexiones. Por caso, al comprobar la hipocresía de naciones que en foros internacionales y con elaborados discursos, opinan sobre la salud de los océanos y la necesaria conservación de los recursos, y son los primeros depredadores. Y sorprende aún más que nuestro gobierno se mantenga impasible ante hechos de semejante magnitud, y no ejerza una conducta proporcional y proactiva para contenerlos y defender sus intereses económicos y sociales.
OPRAS, desde su gestión institucional, pretende generar una reacción adecuada por parte de las autoridades y al, mismo tiempo, obtener respuestas en el contexto internacional que contemplen la imprescindible regulación de la explotación pesquera en las aguas que se encuentran más allá de la jurisdicción nacional. Su objetivo de alcanzar un ordenamiento sostenible para el área, vinculante para los terceros, no se agota en el reclamo ni en posturas declamatorias. Por el contrario, reconoce etapas de gestión, participación y colaboración, en todos los ámbitos, para la identificación de medios y sistemas de gobernanza y ordenación de pesquerías, con la sostenibilidad y la explotación racional como pilares conceptuales del orden buscado.
Sin orden, sin cooperación, sin respeto por el derecho internacional, sin compromiso real con la conservación de los recursos y de la biodiversidad marina y sin la convicción individual, de cada estado y colectiva, para revertir situaciones que progresivamente terminan por agotar la vida de los espacios marinos, nos encontraremos con el colapso de los recursos pesqueros en el área y con la extensión de sus consecuencias a toda la región del Atlántico Sudoccidental.
OPRAS – Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sudoccidental.
Fuente La Nación