En un mundo hambriento donde el mar es una imprescindible fuente de alimentos para la humanidad, una legión de organizaciones ambientalistas navegan por océanos y mares en sus «opulentas y costosas» naves desarrollando «campañas ambientalistas» que no buscan el orden y control de algunos recursos en peligro, sino la absoluta prohibición de la actividad pesquera, por más sustentable y sostenible sea.
Es un contrasentido que en pos del cuidado de alguna especie se ignore la protección de la más importante de todas: el ser humano y sus necesidades alimentarias.
Según la FAO, la pesca mundial aporta más del 20 por ciento de proteínas para 3.200 millones de personas al rededor del mundo y genera empleo para aproximadamente 1.000 millones de personas, produce 170 millones de toneladas entre pesca y acuicultura (53 y 47 por ciento respectivamente), datos que demuestran que la pesca sustentable y sostenible es un recurso imprescindible para la seguridad alimentaria mundial.
Combatir la pesca ilegal y a la vez sostener un uso sustentable a largo plazo de los recursos del mar a través de la industria pesquera legal y responsable es la respuesta adecuada a la preocupación por la conservación de los ecosistemas marinos, no el extremo ecologista de quienes, con intenciones acotadas a sus intereses, generan una percepción errónea del uso y cuidado de los océanos.
En ese marco conceptual deberá perseguirse la tipificación de ilegalidad cuando la pesca en alta mar carezca de la regulación y las medidas básicas de ordenamiento adoptadas en el seno de las organizaciones subregionales o regionales de pesca, y/o con instrumentos multilaterales vinculantes que refuercen el derecho internacional en todos los espacios marítimos fuera de las jurisdicciones nacionales.
Frente a este escenario «ambientalista», será responsabilidad de organizaciones y empresas actuar y comunicar a la sociedad global con mediana claridad sobre las amplias diferencias que existen entre cuidar los recursos alimentarios en forma sustentable y sostenible, o prohibir el acceso a ellos como muchas organizaciones ambientalistas sostienen.