A pesar de los 5000 kilómetros de costa, de los más de 2 millones de km2 de plataforma continental, de no compartir límites marítimos con ningún otro país, a excepción de la graciosa concesión de una zona de pesca común, que el gobierno le hizo a Uruguay, en el frente marítimo del Rio de la Plata y de la particularidad del mar de la paz, de contar con una industria pesquera moderna con asentamientos productivos en todo el litoral del país, de ser beneficiados con una confluencia oceánica y una singularidad geográfica que sostiene una importante y compleja biodiversidad, de ser un exportador competitivo y continuo de productos del mar a los principales mercados del mundo; solo somos uno más a la hora de evaluar la presencia de buques en el mar y observar quienes siguen pescando los mismos recursos en la zona adyacente a la zona económica exclusiva y más allá de esta, donde se define el área real que junto a la ZEE conforma el ecosistema del atlántico sudoccidental.
Mucho se ha escrito, particularmente en este último tiempo acerca de la sobrepesca y depredación que se comprueba en el repetido panorama que ofrecen los buques extranjeros que pescan en la zona, iluminando el horizonte y dibujando una verdadera ciudad flotante en un ininterrumpido saqueo, a la vez que ofrece una extraña y fascinante escena, objeto siempre de los mismos y recurrentes comentarios y fotografías.
No obstante, nada cambia. Mientras la sociedad sigue ocupada del precio de la carne y de las divisas del campo para contener el dólar, los políticos siguen con los políticos, la gente sigue mirando evasivamente programas de televisión, de pueril montaje y contenido, y los expertos siguen declamando utópicas recuperaciones territoriales; consecuencia de una ingenua aventura bélica, que aún hoy no se entiende. Mientras, en el mar seguimos siendo solo uno más.
Por esto y porque ya se han agotado instancias y se han denunciado, en tiempo y forma, los hechos resultantes de la perversa conducta con que las flotas extranjeras de distancia asolan el espacio regional, lucrando con la incapacidad e inmovilidad oficial y, que a su vez se ha reclamado con insistencia, año tras año, la reacción y acción del gobierno en todos los niveles y en todo el devenir democrático, sin que las autoridades hagan otra cosa que aplicar y difundir conceptos confusos o erróneos sobre el régimen de control, patrullaje y el innegable heroísmo de nuestras fuerzas armadas, ofreciendo la autopropaganda de un sistema insuficiente para la complejidad biológica y para el alta mar; y porque al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos continúan atados al relato devenido de la soberanía violentada, nuevamente, allá por 1982, por el siempre mentado imperialismo británico, el protagonismo activo del empresario responsable y de la industria se ha hecho ahora imprescindible.
Ante esta recurrente entropía, es al menos necesario aclarar algunos conceptos fundamentales que se ven distorsionados por la concepción y deformación profesional de quienes persiguen internalizar posiciones extremas, ya sea desde una errada óptica ecologista o desde la concepción dogmatizada de postulados geopolíticos cuyo fracaso ha sido comprobado.
De modo que, si pretendemos abordar, por fin, una estrategia integral y racional para resolver el problema de los recursos del Atlántico Sudoccidental y con ello detener la rapiña extranjera que deriva de la falta de ordenamiento en el área, es inevitable hacer referencias al equívoco que se origina en la inadecuada utilización de las MPAs – áreas marinas protegidas, como herramienta de conservación y regulación de las áreas de mar comprometidas por sobrepesca. Al mismo tiempo develar la falta de relación, vinculación o dependencia de la cuestión Malvinas e Islas del Atlántico Sur con la necesidad de ordenar, conforme el derecho internacional, el gran espacio de aguas internacionales que cubre las plataformas continentales, las zonas adyacentes y el alta mar, frente a las ZEEs de los países costeros; espacio en el que resulta evidente que no hay ninguna superposición de áreas litigiosas ni reivindicaciones geopolíticas pendientes que impidan su tratamiento; por ultimo dar una interpretación desmitificada y técnica de las virtualidad de las OROPs- RMFOs, organizaciones regionales de manejo u ordenamiento pesquero en aguas que no se encuentran bajo ninguna jurisdicción exclusiva, cuestionadas por los mismos perennes politólogos de Malvinas.
Con el ánimo de proteger la pesca sustentable, el desarrollo legítimo de la industria pesquera y la conservación de los recursos, en un todo conceptual de responsabilidad global, OPRAS ha avanzado en la búsqueda de herramientas apropiadas y en el entendimiento con socios institucionales que comparten su preocupación y requieren también de respuestas y gobernanza eficaz en la región para evitar mayores perjuicios en sus propias jurisdicciones y/o en sus pesquerías tradicionales. Fue y es, en ese camino de comprensión orgánica y objetiva del complejo escenario planteado, que OPRAS acudió en 2018 a las Naciones unidas, a través de su División de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar- NY- con diagnóstico y propuestas. Gestión que se continuó con la creación de la Comisión para la Pesca Sustentable de los Recursos del Alta Mar del Atlántico Sudoccidental, en el marco del Acuerdo de Cooperación Institucional firmado en diciembre de 2019 con el SINDIPI- Cámara de Armadores e das industrias da Pesca de Itajai e Regiao- Brasil – el otro gran ribereño del área 41. Posteriormente a ello y ratificando el nuevo rol asumido por el sector y las organizaciones privadas, en febrero de este 2020, juntos, OPRAS y el SINDIPI, formalizaron una completa presentación y solicitud de mecanismos de ordenamiento para aguas internacionales, ante la FAO y ante la ONU.
Esta gestión y el acuerdo con la cámara empresaria de Brasil, negociado en forma bilateral, no hace sino reconocer e inscribirse en la estrategia recomendada por este gobierno a nuestra entidad en recientes encuentros formales. Coincidiendo en la necesidad de analizar e identificar formas alternativas e innovativas de resolución de un problema que solo amenaza con agravarse.
Estos, en definitiva, son sólo los primeros pasos de un proceso de acción conjunta que ambas organizaciones han identificado en su agenda de gestión, sin perjuicio de encarar nuevas acciones ante los gobiernos locales y ante los mismos organismos multilaterales, así como las ya previstas, negociaciones en curso, y posibles incorporaciones a la Comisión de entidades empresarias pesqueras de terceros países, que si bien operan en la zona, adhieren a los principios de pesca sustentable, responsable y regulada para detener la pesca IUU y que, lejos de apostar por el caos que impera actualmente, impulsado por la flota china, alientan el establecimiento de un orden de explotación sostenible y regulado.
Dicho esto, resulta inevitable arrojar claridad sobre el uso y promoción mediática de las áreas marinas protegidas como figura para la protección de ámbitos oceánicos. De hecho las mismas ya han sido adoptadas en diferentes espacios de mar con resultados aún no disponibles en cuanto hace a su impacto real sobre las poblaciones de peces y sobre la conservación del sistema biológico. Inicialmente concebidas como instrumento para salvaguardar los MVE o ecosistemas marítimos vulnerables, referidos en particular a sistemas de arrecifes en peligro. Las AMPs. se posicionan desde la década de los 90 como un paraguas de conservación ambiental ante la demanda internacional por síntomas de sobre explotación en diferentes partes del mundo. A partir de 1992- Cumbre de la Tierra – comienza a difundirse el tema de las áreas protegidas para preservar el medio ambiente, Convenio para la Biodiversidad-2004, etc. y este cobra mayor notoriedad con las intervenciones de la FAO, su aplicación por Australia, USA, La CAAMLAR, y otros países que lo ven como una forma de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la Agenda 2030 de la UN, muchos solo con un fin estadístico- porcentual de cumplimiento, sin cumplir con las investigaciones y requerimientos que deben tenerse en consideración antes de implementar una AMPs, su justificación científica, la relación social y económica con las poblaciones costeras, el efecto de desplazamiento del esfuerzo de pesca a otras áreas. Todas variables que tanto la IUCN como el Banco Mundial han recepcionado en sus trabajos y clasificaciones. La discusión que provoca su aplicación indiscriminada fuera de los puntos críticos de un MVE ralentiza su aceptación por parte de la industria pesquera, la que exige investigación y comprobación profunda y seria y medios de ejecución y control previsto, ya que el costo de su aplicación y monitoreo es mayor que el supuesto por quien alegremente dispone su creación indiferente a sus consecuencias.
No obstante y más allá cuestiones jurídicas y técnicas opinables, está muy claro que su aplicación en determinadas zonas del mar argentino no encuentra justificación ni argumento científico sostenible, no se ha hecho la mínima investigación y análisis oceanográfico requerido. Más ilógico e infundado resulta lo que proponen Medio Ambiente y las fundaciones ecologistas que trabajan con ese organismo, al tratar de imponer la idea de una AMPs en el frente patagónico- área llamada agujero azul- zona intermedia entre el límite de la ZEE y el espacio adyacente de aguas internacionales, donde claro está, su aceptación y respeto por parte de terceros países sería absolutamente ilusorio. Tan absurdo seria que los únicos barcos que no podrían operar en esa zona, típica y tradicionalmente pesquera serían los buques argentinos dentro del espacio que quedaría en la ZEE, mientras una milla más allá los extranjeros naturalmente no obligados por una legislación argentina continuarían pescando y depredando sin ninguna regulación pero con el aliciente de que habría menos pesca nacional y más pescado para ellos.
La inconsistencia de los ecologistas para sostener sus teorías nos exime de mayores comentarios.
En segundo término, no caben dudas que el litigio de soberanía sobre las Islas Malvinas y su carga en el conciente colectivo, profusamente insistido desde el ámbito oficial, como indiscutible e inopinable política de estado a través de los diferentes gobiernos, pese al uso de matices diferentes pero igualmente inconducentes, no solo ha cercenado desde 1982 un importante espacio terrestre y marítimo sino que se ha constituido en un obstáculo, en apariencia, insalvable para las sucesivas administraciones en orden a elaborar un ordenamiento pesquero para el área del litoral bonaerense, norte y sud patagónico, aun cuando estas áreas no resulten aledañas ni se acerquen a aquella cuya restitución soberana se reclama.
De hecho, la industria pesquera argentina, única actividad productiva en esa área, fue inmediatamente afectada en forma directa por las consecuencias del conflicto, perdiendo nuestros buques una zona habitual de pesca con importantes disponibilidades de explotación de recursos, algunos de los cuales, como la merluza austral y el calamar loligo no se encuentran en el resto de nuestra plataforma y ZEE. A la perdida de ese caladero se le debe sumar el efecto económico de la actividad y de las exportaciones resultantes de las regulaciones y licencias de pesca que a partir de allí se otorgaron a diferentes países y joint- ventures radicados en las islas; efectos sobre la propia industria y su comercio exterior a los cuales se ha debido y ha logrado adaptar. La industria ha crecido a pesar de ello y se ha consolidado buscando los mejores caminos y las mejores herramientas de desarrollo sin claudicar ni esconderse en el reclamo. La amputación que hemos sufrido es de todos los argentinos , de la nación, y no el slogan recurrente del gobierno de turno. En 38 años la declamación y el sensacionalismo no han mejorado la situación ni han obtenido resultados visibles, pero si inmovilidad política y económica y la falaz concentración de toda materia y estrategia oceánica del Atlántico Sudoccidental en la utópica resolución del litigio. El consiguiente descuido y singular olvido de otros espacios del frente del mar argentino y sus aguas adyacentes que requieren de igual y urgente atención ha permitido y facilitó la instalación de una factoría pesquera de cientos de buques asiáticos en todo el margen que limita con la ZEE, provocando, si es posible, más perjuicios económicos que el propio establecimiento de las zonas de protección británicas alrededor de las Islas –FICZ y FOCZ.
En resumen, con flotas extranjeras subsidiadas por sus estados para rapiñar y expoliar los recursos que no están sometidos a ordenamiento por hallarse en aguas internacionales, enfrentamos una efectiva conducta harto depredatoria que ya constituye riesgo grave y cierto de agotamiento de los recursos del Atlántico Sudoccidental, en todo el ecosistema de la región, fuera y dentro de las ZEEs, sobre las especies conocidas y sobre todas las asociadas e interdependientes.
La alternativa, frente a este comprobado diagnóstico es clara. Comprender sin falsas polémicas que Malvinas es un tema y la pesca extranjera en atlántico Sudoccidental es otro. Se trata áreas diferentes con problemas particulares de cada una, no son inseparables o indivisibles, no se trata de un tema unitario e indiviso. Son dos problemas de diferente esencia y diferente solución. No entenderlo así significa ser indolente o estar profundamente equivocado, con la consecuencia obvia de seguir perdiendo recursos, ingresos y el precioso tiempo que ofrece la supervivencia del ecosistema atacado.
Por último y en esta instancia y necesidad de encontrar un régimen aplicable en la zona adyacente a la ZEE que sirva para detener y eliminar la pesca IUU en la región, los estados costeros deben responder a la iniciativa de las organizaciones empresarias que promueven un acuerdo regional de ordenamiento pesquero, comenzando , con la participación de los ribereños el proceso para alcanzar una convención internacional vinculante que acoja la organización subregional de gobernanza y regulación para la pesca sustentable y responsable, tal como han propuesto OPRAS y el SINDIPI.
Las organizaciones regionales de pesca previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar son un instrumento adecuado y una formula vigente en la legislación internacional para canalizar la obligada cooperación en aguas internacionales carentes de regulación. Es un instrumento valioso para el orden y la conservación de recursos y claramente ratificado y usado por todos los países menos por Argentina, la que como en otros casos, participó de las discusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1995 para Especies Transzonales y Altamente Migratorias, Acuerdo de Peces o Acuerdo de NY, y lo aprobó mediante la ley 25290 pero no formalizó su trámite de adhesión depositando el instrumento de ratificación. Una vez más, como en el caso del Acuerdo de la FAO sobre Medidas del Estado Rector del Puerto o el ingreso al ICCAT, habrá que inferir que fantasiosa complicación nos traería dicho instrumento, ya vigente en el mundo, para las inflexibles políticas de estado.
Habrá que recordar a quienes critican con liviandad la eficacia de estas organizaciones, basándose en sus imperfectas competencias ante las infracciones o en sus métodos de control, que, aunque perfectibles, se trata del único instrumento viable que el derecho internacional acepta y consagra a través de los órganos multilaterales. Asimismo destacar y reflexionar que si no fuera por las organizaciones de ordenamiento que ocupan todos los océanos, excepto el nuestro, Atlántico norte-central y sudeste, Pacifico, Indico, Antártico, , como la NAFO, NEAFC, WCPFC, IATTC, IOTC, NASCO, SIODFA, GFCM, CCBCP, CCAMLAR, SPRFMO, SEAFO, ICCAT, etc. solo por nombrar algunas, los océanos estarían totalmente devastados. El derecho avanza y los instrumentos mejoran, la inacción, la impericia, la descalificación gratuita, el prejuicio y el aislamiento no.
Abogado.-